Noticia Cristiana
Un sacerdote episcopal en Texas, Edward Monk, está apelando la decisión de retirarlo del sacerdocio tras ser acusado de robar aproximadamente $300.000 de su parroquia, la Iglesia Episcopal de San Juan de Corsicana(EE.UU.). La investigación comenzó en julio de 2024 cuando feligreses reportaron actividades financieras sospechosas a las autoridades. Tras su arresto en diciembre pasado, Monk fue acusado de robo, fraude en el uso de identidad de una persona mayor, y abuso de tarjeta de crédito.
Destitución del sacerdote
Un panel de audiencia diocesano encontró previamente a Monk culpable de «conducta impropia de un miembro del clero» por seis graves infracciones financieras. Esta conclusión, alcanzada a fines de mayo, determinó que el sacerdote había violado los cánones disciplinarios de la Iglesia Episcopal. Posteriormente, se ordenó su destitución del ministerio, una medida a la que Monk se ha opuesto formalmente presentando una apelación.
La apelación de Edward Monk, que será escuchada por un Tribunal de Revisión, sostiene que la audiencia diocesana fue una «farsa». El documento de defensa alega que no se le concedió la oportunidad adecuada para defenderse de las serias acusaciones en su contra. El sacerdote argumenta que se le privó de su derecho a una defensa efectiva y se pusieron en grave peligro sus derechos canónicos y constitucionales.
La policía de Corsicana y la fiscalía local han estado cooperando estrechamente con la Diócesis Episcopal de Dallas en el caso. El jefe de policía, Robert Johnson, indicó que su departamento solicitó la asistencia de la división de delitos financieros del fiscal general de Texas. La diócesis ha acusado a Monk de fraude y malversación de fondos eclesiásticos, señalando que los registros bancarios indican un patrón de abuso que se extendió por más de una década.
Según documentos del tribunal de la iglesia , la apelación de Monk afirma: «Esta larga serie de abusos culminó en la audiencia simulada del 27 de mayo de la cual se emitió la orden [del panel de audiencia]». La defensa busca anular la decisión de destitución argumentando que el proceso penal eclesiástico no respetó las garantías del acusado.
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